La Fiscalía de Málaga se ha sumado a la petición realizada por Management Empresarial Málaga (del grupo Bluebay) de que se dicte una orden de detención europea contra el jeque Al-Thani y tres de sus hijos por las presuntas irregularidades en la gestión del Málaga CF. El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que lleva este caso, ha pedido a las partes que se pronuncien sobre dicha petición.

Así lo ha asegurado el letrado José Carlos Aguilera, personado por dicha sociedad, en un comunicado, en el que recuerda que en junio pasado solicitó que se dictara una Orden Europea de Detención al considerar que Al-Thani había desarrollado una estrategia de defensa «basada en no tener defensa», que es «expresión de su deliberada y contumaz voluntad de sustraerse a la acción de la justicia».

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Al respecto, ha explicado que la jueza sustituta denegó tal petición en una providencia, que fue recurrida por él. El fiscal apoyó ese recurso con un escrito en el que, según un comunicado del letrado, el fiscal indica que estos acusados han utilizado el derecho de defensa y residencia en el extranjero «para torpedear la buena marcha del procedimiento», situación que «no puede ser aceptada».

Acusación pública

La acusación pública pide que el Colegio de Abogados de Málaga designe a estos cuatro querellados un letrado de oficio para que les notifiquen todas las resoluciones dictadas en el procedimiento y también que se notifique a los propios acusados por correo electrónico.

El fiscal añade que, de no acusar recibo de dichas notificaciones en las direcciones de correo electrónico «y no darse por lo tanto por enterados», procede acordar su prisión y dictar su busca y captura nacional e internacional, mediante la emisión de órdenes de detención para que se realicen los trámites, evitar dilaciones indebidas y no perjudicar al resto de los acusados, señala el escrito del abogado.

Según la comunicación del letrado, la Fiscalía señala que los acusados de la familia Al-Thani carecen de representación «como consecuencia de una calculada desidia a la hora de hacer valer su propio derecho de defensa», recordando que las comisiones rogatorias no han dado fruto. Una situación «reflejo de la actitud que han adoptado de rechazo frontal a su condición de acusados».