La entrada de más de 60.000 inmigrantes en Ceuta ha provocado la llegada de un elevado número de menores no acompañados. La ciudad autónoma, en el ejercicio de sus competencias y con el apoyo de los distintos ministerios, se encuentra en estos momentos «afiliando de manera individualizada» a todos los menores llegados en los últimos días para ofrecerles una «acogida digna», según informan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Desde el Ministerio aseguran que están trabajando para «habilitar espacios e infraestructuras» que permitan prestar una primera atención adecuada a estos menores y han señalado que «se habilitarán partidas de financiación y crédito extraordinario para ello». No obstante, antes deberán identificar a todos los niños y niñas para obtener una cifra exacta y dimensionar los recursos necesarios.

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Según han explicado, desde el pasado 27 de julio han seguido de cerca la situación en Ceuta y han mantenido un contacto permanente y una coordinación estrecha con el Gobierno de la Ciudad Autónoma para estudiar todos los mecanismos posibles que permitan garantizar la acogida de niños, niñas y adolescentes.

Existe la posibilidad de que estos menores extranjeros no acompañados sean trasladados a la península en un plazo de 15 días naturales desde la inscripción de la persona afectada en el registro. Esta medida responde a que, desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria y a que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería contempla, entre otras medidas, una «acogida vinculante y solidaria» por parte del resto de comunidades autónomas.

Posibilidad de que estos menores lleguen a la península

Por otra parte, se indica que el Artículo 35 ofrece la opción de suscribir acuerdos de colaboración con fundaciones, organizaciones no gubernamentales y diversas entidades comprometidas con la protección de los menores de edad.

A esto se suma la alternativa de proceder a la reagrupación familiar de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, bajo la condición de que tengan parientes en sus lugares de origen y se confirme que el entorno asegura el bienestar e interés superior del menor.

De acuerdo con las fuentes, estas medidas se integran en las labores de coordinación con las distintas administraciones y se ejecutarán mediante un análisis individualizado, buscando siempre la fórmula idónea para tutelar los derechos de cada uno de ellos.