El Gobierno de Marruecos ha ofrecido este domingo su primera valoración oficial sobre la crisis migratoria registrada esta semana en Ceuta. Las autoridades marroquíes sostienen que la llegada masiva de miles de personas a la ciudad autónoma fue consecuencia de la actuación de las redes de trata de personas y de la difusión de información errónea sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo español relacionada con las conocidas como «devoluciones en caliente».

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En un comunicado difundido por el Ministerio del Interior marroquí, Rabat rechaza que lo ocurrido responda a un hecho espontáneo y considera que detrás de la movilización existió una combinación de factores que favorecieron la salida de miles de personas hacia la frontera española. Según el Gobierno marroquí, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas aprovecharon la incertidumbre generada en torno al fallo judicial para incitar a miles de personas a cruzar a nado.

En su comunicado, Marruecos asegura que reaccionó desde el primer momento con un dispositivo de vigilancia reforzado y que adoptó medidas preventivas para intentar contener la situación. El Ministerio del Interior sostiene que las autoridades incrementaron la presencia de efectivos de seguridad, reforzaron el control de las zonas fronterizas y coordinaron la actuación de los distintos servicios implicados.

Su balance de víctimas mortales

El Gobierno marroquí también ha facilitado por primera vez su balance oficial de víctimas mortales. Según las autoridades del país, once personas han fallecido durante la crisis. Diez de ellas murieron por ahogamiento mientras intentaban alcanzar Ceuta a nado, mientras que la undécima perdió la vida tras sufrir una caída desde una zona rocosa próxima a la frontera. 

El Ministerio del Interior marroquí ha señalado que ambos países trabajan conjuntamente para completar los procedimientos administrativos, legales y humanitarios relacionados con las víctimas. Además, Rabat ha insistido en la necesidad de mantener la cooperación bilateral para hacer frente a la inmigración irregular y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas. En este sentido, el Gobierno marroquí defiende que la gestión de los flujos migratorios requiere un enfoque compartido entre los países implicados y reclama una mayor coordinación internacional.